5 riesgos de reformar la Constitución de la República

Ante la intención por parte del Ejecutivo de impulsar una reforma a la Constitución de la República, el licenciado Daniel Olmedo, gerente Legal de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, enumera cinco riesgos latentes de que este proceso ocurra.

“La historia de Latinoamérica nos ha enseñado que esos cambios, esos intentos de refundar la República con cambios constitucionales, suelen ser argucias para instalar dictaduras…”, advirtió el licenciado Daniel Olmedo, gerente Legal de ANEP.

Para el abogado, la ambigüedad de las declaraciones del vicepresidente revelan el riesgo de que se quieran tocar las cláusulas pétreas (el artículo 248 de la Constitución, que contempla, entre otras, la alternancia en el ejercicio de la presidencia). Mecanismos así son los que han ocupado los típicos dictadores de Latinoamérica para prolongar sus mandatos.

“¿Por qué tenemos al régimen Chavista desde hace 20 años en el Gobierno? porque cuando llegó Hugo Chávez en 1999 lo primero que hizo fue convocar a una Asamblea Constituyente y cambiar toda la Constitución y con eso amarró un régimen que lleva ya dos décadas”, citó el licenciado Olmedo, a manera de ejemplo.

El gerente Legal de ANEP detalló las cinco principales razones por las que es peligroso reformar la Constitución.

1. EL ORIGEN DE LA INICIATIVA. Es peligroso desde el momento en que la intención de reformar la Constitución partió del presidente Bukele, un funcionario que a partir del 9F (Cuando se tomó la Asamblea Legislativa, usando el Ejército) ha demostrado incumplimientos a los mandatos de la Sala de lo Constitucional y de lo que manda la misma Constitución.

2. LOS MENSAJES CONTRADICTORIOS. Según el jurista de ANEP desde el momento en que comenzó a sonar la iniciativa de reformar la Carta Magna no hubo claridad en los mensajes. Hay desconfianza a que se toquen las cláusulas pétreas (El artículo 248) que contienen ciertas disposiciones de la Constitución que no se pueden reformar, una de ellas es el principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Sin embargo, según el abogado, hay mensajes contradictorios y ambiguos, por una parte dicen que no van a tocar el artículo 248 pero sí pretenden tocar el alcance del principio de alternabilidad. Hoy un funcionario debe esperar diez años para reelegirse, el Vicepresidente ha planteado que debería ser cinco años.
3. LA POSIBLE ELIMINACIÓN DE LA ACTUAL CONSTITUCIÓN.

El 11 de septiembre pasado Casa Presidencial emitió un comunicado donde dijo que el cambio Constitucional podría hacerse por dos vías, a través de una reforma en si misma o por medio de una Asamblea Constituyente, esto último significa cambiar toda la constitución, borrarla por completo y crear una nueva. “La Asamblea Constituyente,  para entenderlo mejor, es básicamente borrar todo lo que existe, derogar absolutamente toda la Constitución, incluyendo sus cláusulas pétreas, y aprobar una nueva, eso es básicamente un golpe de estado”, advirtió el abogado.

4. LA INTENCIÓN DE QUITAR LA ACTUAL SALA DE LO CONSTITUCIONAL Y CREAR UNA NUEVA.
   Vicepresidencia en un documento denominado Jornada Constitucional, que establece la hoja de ruta que va a seguirse para este proceso de reforma, explica que quieren crear un nuevo tribunal constitucional. Esto significaría remover de sus cargos a los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional y nombrar nuevos.

“Crear una  nueva entidad, cambiar los tribunales constitucionales es un típica estrategia de regímenes autoritarios. Lo que se quiere es crear un nuevo tribunal afuera de la Corte Suprema de Justicia, con magistrados que le sean más cómodos al Ejecutivo”, explicó el jurista.

5. ES UNA INICIATIVA SIN SUSTENTO LEGAL. Ni la Constitución, ni la ley en ningún lado faculta al presidente o al vicepresidente del país para realizar propuestas preliminares de reformas constitucionales, este tipo de iniciativas tiene que partir de la Asamblea Legislativa, por lo menos de 10 de sus diputados. El Presidente y el Vicepresidente únicamente pueden hacer lo que la Constitución le manda, y en ninguna disposición les facultan para impulsar procesos de reformas constitucionales.