En el marco del aniversario 37 de la Constitución de la República, el abogado y gerente legal de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, Daniel Olmedo y el presidente de Centro de Estudios Jurídicos, German Rivera, destacaron la robustez de la Carta Magna y advirtieron que aunque es sujeta de modificaciones, hacerlo en el contexto actual puede ser peligroso.
Los abogados Daniel Olmedo gerente legal de ANEP y German Rivera, presidente del Centro de Estudios Jurídicos, coincidieron que la Constitución de la República es un documento robusto, vivo y con mucho potencial, que contempla un marco legal y democrático idóneo.
Los abogados, invitados al programa República de Canal 33, dijeron que es un documento que ha venido adaptándose a los contextos que ha venido experimentando el país a través de reformas y de interpretaciones de la Sala de lo Constitucional, como la hecha para crear el derecho de acceso a la información pública, que ha facilitado y promovido la transparencia y logrado avances en materia de corrupción.
“Es erróneo decir que como es de 1983 es obsoleta, la Constitución ha ido renovándose a través de reformas y a través de la jurisprudencia constitucional (…) se ha ido adaptando a los tiempos y por eso sigue vigorosa y tiene potencial para adaptarse a los nuevos tiempos”, afirmó el licenciado Olmedo.
Empero, aunque es sujeta de reformas, cualquiera que se busque hacer debe ser analizada antes de ser ejecutada y no echarse a andar para satisfacer necesidades personales que obedezcan a intereses particulares.
Lo anterior debido a la creación por parte del Ejecutivo de una comisión Ad Hoc dirigida por el vicepresidente de El Salvador Félix Ulloa y que plantea por ejemplo que la Dirección de Centros penales dependa del órgano judicial, cambiar la política fiscal y tributaria, entre otras propuestas.
Modificar las facultades que tiene la asamblea para asignar fondos-que también ha sido discutido- es un tema que preocupa a ambos abogados, porque generaría un desequilibrio en el ejercicio del poder.
“Cuando la Asamblea aprueba empréstitos (Operación financiera que realiza el Estado o los entes públicos, crédito por lo general, para atender sus necesidades u obligaciones) cualquier cambio de estos, la asamblea los puede monitorear o vigilar su uso. Reformar las facultades del órgano legislativo podría significar evitar o frenar ese monitoreo”, explicó el abogado Rivera.
Al respecto al gerente legal de ANEP añadió que las facultades que actualmente tiene la Asamblea para autorizar deuda incluyen también definir el destino de esa deuda y vigilar que esto se cumpla y la Carta Magna actual lo tiene bien estructurado. Tocar o modificar ese aspecto podría reñir con la transparencia en el uso de dinero público, por ejemplo.
Para el licenciado Olmedo, más importante que reformar la Constitución es exigir al ejecutivo que cumpla con la Carta Magna actual.
“Hay que exigir al ejecutivo que cumpla con las actuales disposiciones en materia fiscal, por ejemplo una de ellas el Ejecutivo no pueden hacer transferencias presupuestarias sin autorización legislativa y ¿qué hemos visto en esa pandemia? que ha habido un manoseo de las finanzas públicas haciendo transferencias presupuestarias de una partida a otra”, señaló.
Otro aspecto de violaciones a la Constitución ha sido lo que sucedió en el momento más crítico de la emergencia sanitaria en la se restringió la libertad de circulación de la población con la emisión de múltiples decretos y se necesitó la intervención de la Sala de lo Constitucional para frenar esos abusos.
Además el doctor German Rivera añadió que han venido monitoreando varias violaciones al derecho a la información, por ejemplo casos donde se ha declarado los datos como reservados y tiene que ver con compras del Estado, cuya información debería ser pública.
“Cuando el poder se inclina y las políticas no tienen controles eso es peligro para un sistema democrático y para los derechos de las personas, y lo hemos visto en Suramérica e históricamente….”, advirtió el abogado.
El gerente de ANEP coincidió con el abogado Rivera y agregó que la principal preocupación es que la intención de reformar la Constitución venga precisamente de un presidente que tiene una larga lista de irrespetos a la institucionalidad y a la democracia.
“Un presidente de la República que un 9 de febrero intentó un de golpe de Estado cuando entró con militares a la Asamblea Legislativa y que ahora proponga reformas constitucionales, no seamos ingenuos, genera temores … porque viene de un Ejecutivo que ha presentado pocas credenciales democráticas y por eso hay que tener cuidado…”, advirtió.
“Porque voy a creer que hay buena intención en proponer una serie de reformas sino estoy respetando las reglas actuales, si las reglas constitucionales existen es por algo, primero demos señales de que queremos cumplir la ley a partir de ahí se puede hablar de reformas…”, agregó el director de Estudios Jurídicos.
Un punto crítico y que ya ha sido ampliamente discutido es reformar las clausulas pétreas, incluidas en el artículo 248 de la Constitución y que contemplan alternabilidad en el ejercicio de la presidencia pasando de cinco a diez años.
“No existe justificación jurídica, el vicepresidente da declaraciones contradictorias; por una parte dice que no se van a tocar las clausulas pétreas y por otra, dice querer bajar el principio de alternabilidad de la presidencia de dos periodos a uno, eso es gravísimo”, señaló el gerente legal de ANEP.
Y además de las implicaciones políticas que tendría, el director del Centro de Estudios Jurídicos añadió que se debe tener en cuenta el artículo 240 de la constitución que establece diez años durante los cuales se podrá investigar todo acto de corrupción de los funcionarios.
“Si yo cambio esta regla (la alternancia en el ejercicio de la presidencia) también estoy cambiando el periodo para investigar a un expresidente porque si yo permito que solo pase un periodo (cinco años), automáticamente el presidente vuelve a tener fuero y no lo puedo investigar y hablamos de indagar corrupción, enriquecimiento ilícito, etc.”, dijo.
Para ambos es clave que todos los ciudadanos conozcamos la Constitución y estar vigilantes de esa serie de reformas que se plantea ejecutar y que pondría en peligro la democracia y el equilibrio de poder del país.