P- Ha habido un hecho real y es que el ISSS transfirió una suma millonaria el Ejecutivo, ¿cuál es su consideración sobre este hecho, partiendo de que usted fue funcionario de la institución?
Me han consultado como Presidente SCIS por la noticia de que el Seguro Social otorgó un préstamo de $25 millones para fortalecer la construcción del nuevo hospital El Salvador, responderé desde el punto de vista que trabajé en la institución por 13 años, llegue hasta los niveles altos como director General Administrativo, conozco bien su ley, conozco bien la institución y a qué se dedica, desde esa perspectiva tengo la experiencia y el conocimiento. Fue hace muchos años pero la ley no ha cambiado. Por otro lado yo soy estudioso de la administración pública y desde esa perspectiva estaré dando este comentario.
P- Partiendo de ese conocimiento y esa experiencia, ¿le faculta la ley al consejo directivo del ISSS a dar esa especie de préstamo al Ejecutivo?
Cuando hablamos de que una institución otorga un crédito, la pregunta inmediata que uno se hace es si la razón de ser de una institución es financiar proyectos o programas. Si uno se va a la ley de creación del Seguro Social tiene dos escenarios de trabajo dentro de la seguridad social: uno es la prestación de servicios de salud y la atención a los pensionados que le corresponden todavía.
Eso es como la razón de ser de la institución y la faculta para organizarse y poder prestar los servicios a toda la población derechohabiente, es decir, a todos los trabajadores que cotizan. Entonces uno no encuentra por ningún lado de la ley la facultad de financiar a otras instituciones; desde esa perspectiva hay que juzgar esa decisión, si fue correcta o no.
Ese es un tema, y el otro es que he escuchado también comentarios de que se dice: es que también a este hospital vienen los derechohabientes del Seguro Social o porque por la pandemia el Ministerio de Salud ha dado sus lineamientos y se ha tomado instalaciones del Seguro Social, del hospital Militar y Ministerio de Salud como si fuera un solo sistema de salud. Eso es loable y ya quisiéramos que el país tuviera un sistema de salud. Aquí se ha hablado de sistema de salud pero desde la teoría conceptual sistema es un conjunto de elementos que actúan en un ambiente que tienen un fin común. El tema aquí es que los actores son: Ministerio de Salud, Seguro Social, Bienestar Magisterial y Sanidad Militar, que conforman el sistema público de salud, pero ese sistema no está creado por una ley y al no estarlo se han venido haciendo nada más como coordinación interinstitucional para hacer cifras y para hacer lo otro, pero realmente si existiera la concepción de sistema mediante una ley como lo existe en Costa Rica, no habría problema de compartir recursos.
Pero en este caso no es así, no es eso lo que tenemos, no hay una política pública que cree el sistema de salud pública y lo integre como tal bajo los conceptos de una legislación. El Seguro Social tiene su propia ley y esta ley le manda a actuar en un determinado marco y, por lo tanto, no se puede salir de lo que la ley le manda. Sanidad Militar tiene también su marco de actuación, y Bienestar Magisterial el Ministerio de Educación lo maneja para atender la salud de los maestros, lo maneja aparte y ya se creó una institución autónoma para que vea eso.
O sea, desde donde quiera que lo miremos, los actores no están articulados bajo un sistema nacional de salud con una normativa legal.
P- Aquí lo que se ha conocido es que hubo una solicitud del presidente de la República, que aunque sea el presidente no debe tener injerencia en las decisiones de una institución que funciona con los fondos de los trabajadores, y tampoco se sabe si crearon algún convenio para hacer ese traslado del dinero.
Realmente uno no conoce si existió o no ese documento; si uno lo ve desde el punto de vista del ordenamiento jurídico y de la parte legal, si hubo o no un acuerdo de consejo directivo donde otorgaba eso debe haber un documento que formalice la entrega de esos recursos y de la forma en que ha ocurrido. A lo mejor existe ese documento, no estamos diciendo que no existe, pero como uno no conoce, yo opino sobre la forma en que se debería haber hecho.-
P- ¿Y si existiera ese convenio, cómo queda esa decisión de tomar fondos y transferirlos?
Si existiera el convenio, este lo que hace es darle legalidad al acuerdo para ser ejecutado, pero eso no lo hace legal ,porque si está fuera del marco de lo que la ley le manda a la institución, no importa que haya documentación adicional, digamos, para ser operativo el acuerdo.
P- ¿Un convenio tampoco le da la facultad al consejo directivo para hacer lo que ha hecho?
No, de ninguna manera. Estas son las cosas que para efectos del control de los fondos de lo que ocurrió imagino que la Corte de Cuentas dice que por lo menos debe haber un convenio en donde especifique las cosas. Ahora, que el Presidente de la República haya hecho la solicitud, ese no es ningún problema, el punto es que existen instituciones oficiales autónomas, es el nombre correcto, ¿y cuál es el distingo de esas instituciones?, que no se rigen por un presidente o un director ejecutivo, sino por un consejo o comité directivo y ese consejo está integrado por representantes de distintos sectores. En el caso del Seguro Social, el consejo directivo está representado por el sector privado que es el que paga la mayor cantidad de dinero que financia el Seguro y sus trabajadores. Por eso los trabajadores a través de los sindicatos se hacen representar en el consejo directivo; y los otros son representantes de gobierno, de diferentes ministerios. Esta es una representación tripartita, como se conoce desde la teoría de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Las organizaciones tripartitas son: empleadores, empleados y Estado.
El Seguro Social es una institución oficial autónoma, tiene un consejo directivo, eso quiere decir que las decisiones que se toman y lo que va a hacer la institución, y el consejo está obligado a tomar las decisiones en el marco de la ley. Si se hizo legal o no las cosas, ya vendrán las investigaciones que digan lo que realmente ocurrió, pero dentro del marco legal que se tiene, las cosas no son así.
P- De parte del gobierno alegan que eran momentos de emergencia, que había que ser solidarios, pero eso no nos obliga a violar la ley. El Seguro pudo haber sido solidario pero siempre dentro de la ley.
Sí, y hay manera de cómo hacerlo porque el Seguro tiene instalaciones de salud, clínicas, pudo haber sido solidario destinando ciertas áreas de los hospitales, de la infraestructura y recurso de personal que tiene para apoyar la atención de la emergencia. El tema es que una ley de emergencia tiene también sus límites y entonces, yo estoy de acuerdo en que cuando hay una emergencia hay que tomar los recursos de donde los hay, porque lo importante es salvar vidas y por eso es que se pide siempre las leyes de emergencia para que le den facultades al presidente para que pueda actuar. Lo que no sé es si esa primera ley le daba ciertos límites al presidente o estaba completamente abierta, eso no lo sé. Lo que uno sí se da cuenta es que el nuevo hospital del Seguro Social de San Miguel, que ni siquiera se había inaugurado, se cedió completamente para la atención de la pandemia y ya allí había una colaboración significativa, porque poner una infraestructura de 70 u 80 millones de dólares a disposición para la emergencia, ya allí hay un buen espacio para decir: somos solidarios.
P- Pero no tomar el dinero que pertenece a los trabajadores y transferirlos así como lo hicieron
Así es, pero no tomar dinero de la caja y enviarlo a otro lado, allí uno lo ve con un poquito que cuesta comprenderlo.
P- ¿Qué queda hacer como trabajadores y empleadores en este caso?
Como representante de la micro y pequeña empresa, que es la que genera la mayor cantidad de empleos en el país, desde esa perspectiva, lo que digo es que esas cosas se tienen que hacer en el marco de la ley. Todo lo que no esté en el marco de la ley no se puede hacer. Hay mecanismos que por ley son contralores, que son los que tendrán que dictaminar qué fue lo que realmente pasó y si se hizo dentro o si se salió del marco de la ley para derivar las responsabilidad correspondientes, porque es preocupante que los patronos cotizan y los empleados cotizan, y hasta donde tengo entendido que esas cotizaciones le dan aproximadamente un 70 % de los ingresos anuales al Seguro Social, desde esa perspectiva los empleadores y empleados tienen las razones suficientes de estar cuidadosos o estar a la expectativa del uso que se hace de esos fondos. Esos fondos son para destinarlos a mejorar la infraestructura, a tener bien equipados los hospitales y las clínicas, a tener medicamentos y atender a los trabajadores como se merecen cuando tienen problemas de salud. Allí tiene que estar destinado ese dinero.
P- Y es que en este caso se trata de una cantidad bien grande, son $25 millones además de otras erogaciones que ha hecho el ISSS para el Ejecutivo.
En las noticias escuché que llegaba hasta $30 millones. La cantidad que haya sido, yo creo que desde el punto de vista del interés de los trabajadores es importante que ese tema se aclare. Yo creo que nadie está en contra de que se tome decisiones para salvar vidas, nadie, pero lo que tenemos que ver es que lo que se haga no sea fuera del marco de la ley. Y eso no solo porque sea perjudicial, sino que hoy están los funcionarios y dentro de cinco años ya no van a estar y los van a andar buscando con proceso legales porque hicieron una mala decisión, es mejor corregir a tiempo.
P- Y creo que a los directivos que decidieron eso les tocaría poner de su bolsa en caso se abre un proceso judicial y el fallo es contra esa decisión.
Son los miembros del consejo directivo que dieron el sí (a esa decisión) los que tendrán que responder y depende de cómo sea el caso, tendrán que responder desde su propio patrimonio. Es delicado.